El alcalde Johnson presenta el presupuesto para 2026

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, publicó su tercera propuesta de presupuesto para el año fiscal 2026. Titulado “Protegiendo el Presupuesto de Chicago”, el plan describe la estrategia de su oficina para equilibrar la inversión comunitaria y la responsabilidad fiscal. Johnson lo presentó ante el Ayuntamiento el 16 de octubre.

El objetivo principal del plan es mitigar el estrés financiero previo y, a la vez, responder a las políticas de fondos federales, lo que Johnson describió como un momento decisivo para la ciudad. Actualmente, Chicago sufre un déficit presupuestario de 146 millones de dólares, lo que amenaza con mayores impuestos y presiones sobre las obligaciones de pensiones.

Johnson afirmó que su plan refleja un cambio hacia la estabilidad de la ciudad y un enfoque en iniciativas a nivel de los barrios.

La propuesta se compone de seis prioridades principales — la seguridad pública, la asequibilidad, la inversión en los jóvenes, el crecimiento económico, la protección medioambiental y el mantenimiento de un equilibrio equitativo. Johnson explicó que el tema de protección refleja una oposición a las tendencias financieras federales derivadas de la administración de Trump.

Una de las reformas más prominentes es la creación de un superávit de 1 millón de dólares, que sería el más grande en la historia de Chicago. El objeto del superávit es financiar las Escuelas Públicas de Chicago, programas del Distrito de Parques y las bibliotecas a través del revestimiento de fondos de desarrollo no gastados en dichas instituciones públicas.

Además, centrando su mensaje en la responsabilidad corporativa, Johnson planea imponer cargas fiscales a grandes empresas de redes sociales y tecnología operadas en Chicago a través de lo que denominó un impuesto para las redes sociales.

El impuesto le costaría a las grandes empresas de redes sociales 50 centavos para cada usuario activo en la ciudad de Chicago. Para garantizar que las empresas pequeñas o locales no sean afectadas por el impuesto, el impuesto aplicará solamente si dicha plataforma tiene más de 10.000 usuarios. La oficina de Johnson predice que el impuesto generará ingresos anuales de 31 millones de dólares para financiar clínicas de salud mental gratuitas y equipos para responder a crisis con un foco en los problemas de salud mental entre los jóvenes.

Si el impuesto es aprobado, Chicago llegaría a ser la primera grande ciudad que impone cargas fiscales a las empresas de redes sociales para financiar iniciativas locales para la salud mental, lo que sentaría un precedente sobre cómo las ciudades abordan la intersección de la regulación de tecnología y la salud mental.

La propuesta también ampliará programas juveniles de diversidad, oportunidades en el trabajo y apoyo para los sobrevivientes de violencia doméstica y de género a través de un Fondo de la Seguridad Comunitaria de 100 millones de dólares. Un impuesto del 3 % a grandes corporaciones financiaria este fondo.

Dicho fondo representa una promesa antigua hecha por la campaña de Johnson para evitar la dependencia en el uso de la policía y en lugar de eso enfocarse en esfuerzos de prevención para reducir el índice de criminalidad según el sitio web de su campaña.

Este impuesto indica un intento por parte de Johnson para crear distancia entre su administración y la de alcaldes antiguos que dependen en gran medida del desarrollo del centro de la ciudad a través de subvenciones corporativas — una estrategia que describió como pedir a “los ultro-ricos tomar más riesgos” durante una entrevista en vivo con CBS News Chicago.

Johnson propuso un impuesto per cápita a las empresas que emplean más de 100 empleados a tiempo completo que dediquen al menos el 50% de su jornada laboral dentro de Chicago. El impuesto, nombrado el Recargo para La Seguridad Comunitaria, está proyectado afectar 3% de negocios en Chicago y cobraría a dichos negocios 21 dólares por empleado por mes.

Chicago tenía un impuesto per cápita desde 1974 hasta 2014, cuando fue derogado por el antiguo alcalde Rahm Emanuel. Johnson propuso la restitución del impuesto per cápita mientras organizaba su campaña para ser alcalde en 2023, según su sitio web.

Varias protecciones para el costo de vida para residentes también fueron incluidas en el plan. Entre las promesas figuran la eliminación del impuesto a la propiedad, el impuesto a comestibles y una reducción en el impuesto para renta de automóviles.

Efectivo el 1 de enero 2026, Illinois transferirá la autoridad a municipalidades y condados para imponer cargas fiscales lo que originalmente fue un impuesto de 1% en todo el estado. Por lo tanto, gobiernos locales como el de Chicago tendrán la autoridad de decidir si quieren implementar sus propias versiones de un impuesto en los comestibles. El plan de Johnson sugiere quitar el impuesto, tanto en la ciudad como en el estado, para aliviar la carga que sienten los trabajadores.

Según el Departamento de Agricultura de EE. UU., los impuestos de comestibles tienen más impacto en las casas de bajos ingresos porque gastan un porcentaje más grande de sus ingresos en los comestibles.

Johnson intenta trasladar las cargas fiscales a los chicaguenses más ricos y grandes corporaciones a través de un impuesto para yates. Según el lenguaje en la propuesta del presupuesto, el impuesto aumentaría la tarifa de amarradero de barcos, alineado con “tarifas históricas y de estacionamiento.”

Actualmente, la tarifa en el amarradero de barcos fue 7 % del amarradero y derechos de completamiento. Fue efectivo en 2003, cuando el antiguo impuesto fue de 25 %.

Este plan contrasta mucho con las propuestas antiguas que fueron más dependientes sobre derechos de servicio e impuestos de la propiedad. Similarmente a los impuestos corporativos propuestos, esta iniciativa se alinea con el mensaje de Johnson de que la mejora fiscal no debe ser la carga de los residentes ordinarios mientras intentan reducir el costo de transportación y vivienda.

El Ayuntamiento tendrá audiencias sobre los presupuestos en noviembre. Una votación final se espera antes de la fecha límite del 31 de diciembre.